Viabiliad y ventajas de un modelo de atención pública y universal

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El informe  encargado por el Gobierno de España se lleva por título "La atención a la dependencia en España. Evaluación del sistema actual y propuesta de implantación de un sistema basado en el derecho universal de atención suficiente por parte de los servicios públicos. Estudio de su viabilidad económica y de sus impactos económicos y sociales" ha sido elaborado por un equipo de economistas— y en él se propone un modelo totalmente público y universal. Estaba previsto que se presentara en un acto a finales de 2018, pero finalmente el Instituto de Estudios Fiscales optó por publicarlo en su página web, sin más publicidad. En lugar del sistema actual, cuyo pilar fundamental es el cuidado proporcionado por las mujeres en condiciones precarias, este estudio propone universalizar el derecho a la atención suficiente y de calidad por parte de los servicios públicos. La virtud fundamental de este trabajo es situar el debate sobre el modelo de cuidados que se requiere para atender las crecientes necesidades asegurando a la vez los derechos de todas las personas implicadas. Esto requiere un pacto, colaboración y coordinación de los poderes públicos implicados. El problema no es solo cuánto se gasta, sino cómo se gasta. Y en España se ha gastado muy mal.

Si España fuera Suecia, las personas mayores de 65 años acreedoras de una ayuda de dependencia serían 1,6 millones, según datos de 2016. Aumentaría, por tanto, el número de usuarios con derechos, actualmente castigados por unas evaluaciones cicateras que dejan fuera a muchos solicitantes, un baremo que se endureció con la crisis. Los cuidados de la familia serían muy residuales porque se garantizarían los servicios públicos, habría más plazas de residencias, más centros de día... Pero España no es Suecia. Y la diferencia no solo radica en la financiación pública para cuidados de larga duración, muy superior en los países nórdicos —0,7% del PIB español de 2014 frente al 3,2% sueco—, sino en la mentalidad de la sociedad, acostumbrada en el sur de Europa a depositar los cuidados de los mayores sobre los hombros de las familias, muy especialmente de las mujeres. La cuestión es: ¿podría aplicarse en España un modelo a la sueca? Un estudio encargado por el Instituto de Estudios Fiscales, dependiente del Ministerio de Hacienda, calcula que las Administraciones tendrían que inyectar al sistema unos 7.200 millones de euros más (una inversión que supondría prácticamente el doble que en la actualidad), de los cuales retornarían al erario cerca de 5.000.

Algunos datos:

  • El Gobierno gastó el año pasado 350 millones de euros menos en dependencia que antes de los recortes
  • Los españoles de 2033: más viejos y más solos
  • El 94% de los cuidadores no profesionales de personas dependientes no cotiza
  • El Gobierno volverá a cotizar por 180.000 cuidadoras de familiares dependientes

EL INFORME:


El informe  titulado "La atención a la dependencia en España. Evaluación del sistema actual y propuesta de implantación de un sistema basado en el derecho universal de atención suficiente por parte de los servicios públicos. Estudio de su viabilidad económica y de sus impactos económicos y sociales" ha sido elaborado por las economistas Rosa Martínez, Susana Roldán y Mercedes Sastre— propone un modelo totalmente público y universal. Estaba previsto que se presentara en un acto el pasado en Noviembre de 2018 pero finalmente el Instituto de Estudios Fiscales optó por publicarlo en su página web, sin más publicidad.

En su análisis, las académicas escogen a la población mayor de 65 años y estudian el modelo de la dependencia en España, donde dentro de tres lustros uno de cada cuatro personas estará en este tramo de edad, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística. Más de 12 millones tendrán 65 o más, frente a los alrededor de nueve que hay en la actualidad. En 2016, el 10,3% de la población en este tramo de edad tenía algún grado de dependencia reconocido. 

Cuidadores familiares
En el documento se plantea además que el sistema de la dependencia español está volcado indebidamente “hacia la prestación económica para cuidados familiares, concebidos en la ley como excepcionales”. En la actualidad, casi un tercio de los cuidados corren a cargo de familiares.

La propuesta es un sistema con carácter público, de una cobertura universal y suficiente, de tal forma que no se recurra a familiares para asegurar las necesidades básicas de la vida diaria. 

PERSONAS BENEFICIARIAS Y POTENCIALES. DATOS DEL 2016


La investigación, realizada a partir de datos de 2016, cuantifica qué recursos serían necesarios para atender la demanda real. Para ello plantean dos escenarios. El primero aplica el baremo actual de valoración de la dependencia (BVD)  a los resultados de la Encuesta de Envejecimiento, Salud y Retiro en Europa (SHARE, por sus siglas en inglés) y deduce las necesidades reales de ayuda. El segundo proyecta el panorama español si se aplicara el nivel de cobertura sueco, modelo utilizado como referencia “dado su liderazgo en política social”.

MÁS DE 400.000 PLAZAS EN RESIDENCIAS PÚBLICAS

El informe encargado por el Instituto de Estudios Fiscales del Gobierno de España prevé un significativo aumento en el número de plazas en residencias públicas en España. En los dos modelos sobre los que se sustenta el informe se contempla una subida de las 113.000 plazas públicas o concertadas que, según el documento, estaban habilitadas en 2016 para mayores de 65 años hasta más de 400.000 plazas públicas.

Este aumento exigiría un esfuerzo presupuestario, pero las responsables del informe contemplan que la implantación puede ser progresiva. Con la oferta llegará la demanda.

En España las residencias tienen un estigma porque la calidad es baja y son como una antesala de la muerte, solo residen en ellas las personas en situación de gran dependencia. En Suecia el modelo es distinto, cambió en los sesenta. En España quizás se necesite una transición, pero también ocurrirá, a medida que la oferta sea mayor y de mejor calidad.

Con la primera simulación, las investigadoras concluyen que, tomando como referencia 2016, la cifra real de dependientes sería de 1,2 millones y no de 894.000, como había ese año. Con el segundo modelo, el sueco, calculado a partir del porcentaje de población que tiene alguna cobertura allí, la cifra sería aún mayor: 1,6 millones de personas deberían tener reconocida la dependencia en España.

Para hacer frente a este aumento de usuarios, las autoras del informe calculan que harían falta más de medio millón de empleos a tiempo completo, cerca de 400.000 de nueva creación. Las investigadoras estiman que en 2016 unas 155.000 personas trabajaban en el sistema.

Una de las claves del estudio es el aumento presupuestario que recoge para mejorar los servicios y aumentar el número de usuarios. Calculan que en ambos modelos sería precisa una inversión superior a los 17.000 millones de euros anuales. El coste de la atención a los mayores de 65 años en 2016 era de unos 5.800 millones de euros. Es decir, volverse suecos implicaría un aumento presupuestario de alrededor de 12.000 millones.

Más de 7.200 millones
En la propuesta, el dependiente afronta un copago por alojamiento y comida en las residencias o centros de día —si no puede costearlo, se propone una ayuda del Estado—. Restando ese copago, el gasto público superaría en ambos modelos los 7.200 millones de euros.

Además, la propuesta contempla eliminar determinados incentivos fiscales asociados a la edad, la discapacidad y la dependencia en el IRPF, que suman unos 1.700 millones de euros. A estos cálculos debe añadirse el retorno calculado en cerca de 5.000 millones en cotizaciones a la Seguridad Social de los nuevos empleados y sus impuestos. Esto solo en retornos directos. Porque habría que tener en cuenta y calcular los retornos indirectos, habría más gente accediendo al mercado laboral y, por tanto, más consumo.

COMPARACIÓN DE COSTES DICIEMBRE DE 2016

Con estos datos las cuentas salen y  la propuesta es factible. Quizás no de golpe, pero sí con un calendario para cambiar el modelo. Lo que no señalan es cómo debe financiarse, esa es tarea de las Admistraciones públicas.  En lugar del sistema actual, cuyo pilar fundamental es el cuidado proporcionado por las mujeres en condiciones precarias, este estudio propone universalizar el derecho a la atención suficiente y de calidad por parte de los servicios públicos. La virtud fundamental de este trabajo es situar el debate sobre el modelo de cuidados que se requiere para atender las crecientes necesidades asegurando a la vez los derechos de todas las personas implicadas”, prosigue Pazos. “Esto requiere un pacto de los poderes públicos implicados”, añade. “El problema no es solo cuánto se gasta, sino cómo se gasta. Y en España se ha gastado muy mal”, concluye.

¿Qué modelo de cuidados queremos? No es sólo una cuestión presupuestaria. La economía de la plata se convierte en una oportunidad de desarrollo económico y de bienestar. Las administraciones públicas se han convertido en esta oportunidad y no solo en el desarrollo estratégico. La promoción de la economía de la plata puede ser compatible con el desarrollo industrial u otra opción, menos desarrollada, es la asistencia con un modelo de atención pública y universal. En la actualidad, un tercio del cuidado asociado a la dependencia recae en las familias y en especial en las mujeres. La apuesta por un modelo de cuidado público y universal aumenta la capacidad productiva del país, proporcionalmente a las horas dedicadas al cuidado informal.  En lugar del sistema actual, cuyo pilar fundamental es el cuidado proporcionado por las mujeres en condiciones precarias, este estudio propone universalizar el derecho a la atención suficiente y de calidad por parte de los servicios públicos. La virtud fundamental de este trabajo es situar el debate sobre el modelo de cuidados que se requiere para atender las crecientes necesidades asegurando a la vez los derechos de todas las personas implicadas. Esto requiere un pacto, colaboración y coordinación de los poderes públicos implicados. El problema no es solo cuánto se gasta, sino cómo se gasta. Y en España se ha gastado muy mal. 

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