Una de las principales demandas del sector del mueble geriátrico es el desarrollo
de una reglamentación única para todos, que garantice las
características y prestaciones mínimas que deben tener
todos los muebles geriátricos. Mientras se espera que el desarrollo
de la Ley de Dependencia tenga en cuenta este aspecto y,
como mínimo, establezca unas pautas para acreditar los centros,
de momento, no existe una normativa de obligado cumplimiento
para las residencias de nuestro país, lo que favorece la “competencia
desleal”.
Hoy conviven en el mercado muchos muebles domésticos, sin
los estándares de calidad necesarios, porque las residencias
no están obligadas por ley.
Estamos ante un sector que requiere
una especialización y nos encontramos en muchas ocasiones con
productos, que no cubren las necesidades básicas (camas que no
son automáticas, por ejemplo, mesitas con ruedas, armarios empotrados
no recomendables, porque no permiten introducir los
pies en la parte baja, etc.), y, sin embargo, tienen muchas opciones
en los concursos porque son más asequibles en precio.
Ante la ausencia de un marco legal obligatorio, el referente
de los principales fabricantes es el Instituto Biomecánico de Valencia (muchos grupos tienen sus muebles testados por este organismo).
Algunos han adoptado las pautas de la normativa 414
sanitaria que regula los productos sanitarios, o fabrican siguiendo las directrices de reglamentaciones
europeas, sobre todo italianas y alemanas.
El hecho de que
los servicios sociales y, en consecuencia, la legislación en materia
de residencias geriátricas esté transferida a las comunidades
autónomas hace difícil el desarrollo de unas reglas comunes. Y
es que, aunque casi todas las comunidades autónomas tienen sus
normativas, no existe uniformidad y además no son de obligado
cumplimiento.
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