LA REFORMA PSIQUIÁTRICA EN ESPAÑA.

El 25 de abril de 1986 se aprobó la Ley General de Sanidad, que materializó el proceso de reforma psiquiátrica que se había puesto en marcha unos años antes. A partir de ese momento, hombres y mujeres encerrados en ‘manicomios’ pasaban a ser ciudadanos con derecho a recibir una atención adecuada.

Pese a este gran avance y 30 años después de que ocurriera, hoy sigue existiendo escasez de recursos y desigualdad entre territorios a nivel de desarrollo y de implantación, por lo que se continua reclamando a las administraciones públicas un mayor compromiso.

Esta reforma logró desmantelar un sistema antiguo que giraba en torno al hospital psiquiátrico, consiguió equiparar a las personas con trastorno mental a otras personas con cualquier tipo de problema de salud y limitó las hospitalizaciones para que se produzcan estrictamente cuando sean necesarias. Pero además, esta norma anunciaba y ponía el foco en la reinserción, la atención integral y la intervención con la persona afectada desde el ámbito comunitario. Por lo que sigue siendo  necesario aumentar los recursos destinados a la atención y prevención, incrementar el número de profesionales dedicados a la salud mental o formar y sensibilizar a los profesionales médicos de Atención Primaria, entre otras necesidades de carácter urgente.

Es necesario mejorar la atención en situaciones de crisis, garantizar que se produzca una adecuada coordinación socio-sanitaria para mejorar las intervenciones en salud mental y además facilitar y promover la participación de las personas con problemas de salud mental y sus familiares en su propio proceso de recuperación

Muchas cosas se han hecho y en gran parte gracias a movimientos asociativos. Pero se siguen haciendo una serie de reivindicaciones dirigidas principalmente a la administración pública en busca de un compromiso que mejore la atención de las personas con problemas de salud mental y sus familias. Se exige y urge que la administración pública un mayor compromiso para el desarrollo de políticas enfocadas a un mejor y mayor impulso de recursos que aseguren una atención en salud mental de calidad.

Pero para que todo esto tenga sentido hay que situar a la persona afectada por un problema de salud mental en el centro de cualquier intervención y fomentar su participación en todas aquellas decisiones que afecten directamente a su proceso de recuperación.  Nada para ellos/as sin ellos/as

Hasta hace tan solo unas décadas, padecer una enfermedad mental suponía, en el mejor de los casos, la discriminación o marginación social y, en otros muchos, llevaba al internamiento en centros psiquiátricos, conocidos como manicomios. Se trataba de instituciones en las que tenían cabida no solo los "locos", sino también aquellos que padecían algún tipo de trastorno psíquico de diversa índole y que eran percibidos como una amenaza social.

Horrendos castillos levantados del árido suelo y alejados de toda civilización, allá donde tan solo puede llegar el aire, albergaban espantosas criaturas tras sus gruesos muros, amenazando con salir fuera y tener una vida digna.

Encerrados entre cuatro pareces, la mayor parte de estos enfermos mentales (que son internados en contra de su voluntad) ven pasar allí el resto de sus días. Sin una asistencia sanitaria y psiquiátrica apropiada, no experimentan una mejoría en su trastorno, sino más bien al contrario: el deterioro personal y la cronicidad de la enfermedad mental.

Ventanas con barrotes, camisas de fuerza, personas atadas a camas durante meses o incluso años, salas de electrochoque, falta de higiene, deshumanización, miradas perdidas, seres desprovistos de identidad, ausencia total de privacidad, tratamiento carcelario.

Esta es la imagen desoladora con la que se encuentra el joven psiquiatra Franco Basaglia cuando en 1978 llega al manicomio de Gorizia, en Italia. Como director del mismo, lleva a cabo una serie de cambios que ponen patas arriba al sistema. Se trata de una revolución que, apoyada por la Organización Mundial de la Salud, da paso a la Ley 180, que reforma la gestión de la psiquiatría y prohíbe el encierro de pacientes psiquiátricos en contra de su voluntad. Supone el primer texto legal que establece derechos para las personas con trastornos mentales. Es el inicio de la Reforma Psiquiátrica.

Se quitaron los barrotes, se abrieron las puertas, se devolvieron a los pacientes sus enseres personales. Se eliminan las medidas restrictivas y se dota de voz y voto a los enfermos. Se pretende que recuperen el control de sus vidas y la libertad de acción. Se les permite salir a la calle, realizar actividades al aire libre, ir a sus casas. Les es devuelta su humanidad.

La reforma psiquiátrica

Esta reforma (que en España aparece en 1986 en la Ley General de Sanidad) provoca un cambio cultural que afecta a la psiquiatría, a la visión que se tiene del loco, devolviéndole así su ciudadanía y sus derechos: salud, vivienda, educación, trabajo, actividades sociales y libertad. La visión que ahora se tiene del enfermo mental prohíbe su encierro y su maltrato y obliga a defender sus derechos.

El cierre de los manicomios da lugar a la apertura de centros de salud mental. En vez de estos, lo que se plantea es crear una red de servicios de ayuda donde los enfermos reciban un tipo de atención ambulatoria, eliminando la internación forzosa e instaurando redes de apoyo con ayuda profesional o comunitaria. A partir de ahí se establece que los tratamientos deben ser voluntarios.

Desde entonces, se ha construido toda una red de atención social y sanitaria dirigida a las personas con enfermedad mental con el objeto de su rehabilitación y reinserción en las distintas facetas de la vida. Pero estas personas no siempre tienen acceso a dicha red y en muchos casos el peso del cuidado recae sobre las familias, desprovistas de la formación y los apoyos necesarios para tal efecto. Esto también sucede con las personas pertenecientes a colectivos excluidos: aquellos que están en prisión, inmigrantes irregulares, personas sin hogar son quienes muestran mayor problema a la hora de acceder a los recursos y ayudas especializadas.

Se tienen fundamentalmente en cuenta los factores psicológicos y sociales a la hora de establecer estrategias terapéuticas, y los fármacos suministrados cada vez son más eficaces. La atención psiquiátrica va encaminada a evitar la exclusión, la marginación y la institucionalización de estas personas, así como favorecer su inclusión en la comunidad. Hoy el enfermo mental es conocedor y protagonista de su proceso de rehabilitación y debe participar activamente en él, de tal manera que el encuentro con su psiquiatra se convierta en un diálogo horizontal en el que lleguen incluso a negociar el tratamiento farmacológico que para ambos resulte más apropiado.

Pese a que la sociedad, poco a poco, ha ido cambiando su manera de ver a las personas que padecen alguna discapacidad, sin embargo, la enfermedad mental sigue provocando miedos infundados en gran parte de la población, alimentados por los fantasmas del estigma y los prejuicios. Es imprescindible que estos desaparezcan para poder hablar de una verdadera Reforma Psiquiátrica en la que todos participemos.